Ingreso de Tomàs de Montagut en la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña

Las ordenanzas generales del Ejército promulgadas por Carlos III en 1768 estuvieron formalmente vigentes en España durante más de dos siglos hasta que fueron sustituidas en 1978 por unas nuevas impulsadas por el general Gutiérrez Mellado con el objetivo de adaptarlas al Estado de Derecho y garantizar la subordinación de las Fuerzas Armadas a la Constitución.
Antes de éstas, merece especial consideración el análisis de los cambios e intentos frustrados que se realizaron en la España decimonónica. Conforme al referido propósito, hemos de indicar que, a los pocos días de comenzar su andadura las Cortes de Cádiz, ya se leyó un oficio dirigido por el Ministerio de la Guerra donde se planteaba la conveniencia de variar el artículo 112, título X, tratado VIII de las ordenanzas, relativo a las penas que debían imponerse a los dispersos o desertores.
Semanas más tarde, se pidió al Consejo de Regencia que formase un plan de reforma y alteraciones en las ordenanzas, a fin de mejorar la situación del ejército y, de paso, garantizar la victoria en la Guerra de la Independencia. La misma prensa de la época advertía que la constitución militar española era muy defectuosa, pues no existía organización en divisiones, ni estados mayores bien constituidos.
Al año siguiente, se insistió en la imperiosa necesidad de formar una comisión de individuos, de dentro y fuera de las Cortes, que procediera a revisar las ordenanzas militares. Pero no fue hasta octubre de 1812 cuando la Regencia publicó los nombres de quienes habían de encargarse de esta compleja tarea.
La comisión no obtuvo hasta enero de 1813 la necesaria autorización para empezar con su trabajo. Se estableció que estuviera dividida por secciones, dedicando una al examen critico de todas las constituciones militares extranjeras y otra a estudiar la ordenanza general del Ejército, con el propósito de separar de ella todo lo inútil y derogado.
A finales de marzo de ese año informaba tal organismo que había celebrado cincuenta y tres sesiones, sumadas las generales y particulares de sus secciones. En ese tiempo, examinó más de sesenta y seis memorias remitidas por el Congreso, la Secretaría de Guerra y algunos particulares.
Llegado octubre y, ante el hecho de que aún no se hubiese presentado por la comisión de constitución militar el correspondiente proyecto a las Cortes, Argüelles solicitó la formación de otra comisión compuesta de sujetos conocedores de los ramos de guerra y hacienda y que, a dicha comisión, se incorporasen todos los individuos de fuera del Congreso que pudieran ilustrarla para acertar en sus propuestas.
Finalmente, el 19 de abril de 1814, el encargado de la Secretaría de Guerra remitió los trabajos y demás documentos de la comisión de constitución militar, que nunca llegaron a ser discutidos por las Cortes.
Durante el sexenio absolutista las ordenanzas militares se vieron complementadas por tres circulares del Ministerio de la Guerra. La primera, de 30 de abril de 1815 por la que se establecía un Estado Mayor general en cada uno de los ejércitos mandados reunir en las fronteras de Francia. La segunda, de 20 de septiembre del mismo año por la que se ordenaba que siempre que se formasen diferentes ejércitos en distintos puntos se constituyera en ellos una compañía de guías dependientes del Estado Mayor general. Por último, la tercera de 30 de junio de 1817 por la que se sustituyeron los artículos 64 y 65, título X, tratado VIII de las ordenanzas sobre castigo o pena que debía imponerse al que con alevosía, premeditación o caso pensado, matare a otro o lo hiriere.
Durante el Trienio Liberal destacó una exposición de Fernando Chacón, capitán de artillería, donde manifestó algunos vicios que tenían las ordenanzas militares con relación a las facultades de los jefes para disponer arbitrariamente de sus subordinados, aunque, sin duda, lo más relevante fue la solicitud formulada en la sesión de Cortes de 7 de marzo de 1822 por los diputados Facundo Infante Chacón, Miguel Ricardo Álava Esquivel y Rafael del Riego Flórez para que se considerase como asunto urgente la formación de unas nuevas ordenanzas del ejército. Dos meses después, el presidente de la Cámara mandó abrir la discusión sobre el proyecto de ordenanzas.
A partir de entonces y hasta junio de 1823, se acometió la lectura, discusión y aprobación de catorce títulos del proyecto de ordenanzas. El XV, aunque fue leído, nunca llegó a ser discutido.
Ante tales circunstancias, el 30 de julio se aprobó el nombramiento de una comisión especial que se ocupase de arreglar por las actas y diarios de las Cortes la parte de la ordenanza general del ejército, cuyo original se había perdido en el traslado desde Sevilla, autorizando a la Comisión de Corrección de estilo para su examen y a la de Guerra para la conclusión de los títulos que faltasen por proponer a la deliberación del Congreso, a fin de que, por este medio, pudiera el ejército empezar a regirse de un modo más análogo a las instituciones vigentes.
La vuelta al absolutismo paralizó bruscamente este proyecto de reforma. En los años que restaban del reinado de Fernando VII destacaron la real orden de 12 de marzo de 1826 por la que se restableció el título IX de las ordenanzas, dedicado a los habilitados de los cuerpos, y el también real decreto de 31 de mayo de 1832 sobre instrucción reglamentaria relativa a la masita de tropa y servicio general de vestuario y equipo del ejército.
Desde entonces y hasta la proclamación de la I República, no se acometieron cambios en las ordenanzas generales del Ejército. Hubo que aguardar a que, en la sesión de 14 de agosto de 1873, el diputado Modesto Martínez Gutiérrez Pacheco presentase una proposición donde subrayaba la absoluta necesidad de restablecer la disciplina del Ejército y que las ordenanzas contenían muchos artículos que se hallaban en abierta oposición con el espíritu de la época, por lo que debían ser derogados. Fue en la sesión de 16 de septiembre cuando las Cortes aprobaron la derogación de unos preceptos y la reforma de otros.
Por último, destacamos, tras la restauración monárquica, la proposición de ley de Enrique Orozco y de la Puente para que se autorizase al Gobierno a reformar y publicar unas nuevas ordenanzas del Ejército. Aunque el 15 de julio de 1889 se aprobó el dictamen de la comisión nombrada sobre este asunto, lo cierto es que tampoco llegó a convertirse en ley.
En resumidas cuentas, las viejas ordenanzas de Carlos III fueron capaces de sobrevivir a los numerosos proyectos de reforma que se redactaron a lo largo del siglo XIX y que pretendieron, de forma infructuosa, adecuar la disciplina militar a los nuevos parámetros liberales. Tanto la vuelva al absolutismo de Fernando VII en 1814 y 1823 como la restauración monárquica en 1874, tras el breve paréntesis republicano, provocaron que el Ejército siguiera teniendo como referente unas normas fraguadas en el Antiguo Régimen y, por tanto, bastante discordantes con la realidad de aquella época.

Defensa de tesis doctoral relacionada con la Historia del Derecho y de las Instituciones en el programa de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales de la UNED